En una cuestión de inaplicabilidad promovida por un condenado en un proceso penal, se i…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
En una cuestión de inaplicabilidad promovida por un condenado en un proceso penal, se impugnó el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que impide el acceso a las penas sustitutivas en ciertos casos. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y declaró que la norma no es inconstitucional. Para ello sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, que la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales, que el derecho internacional de los derechos humanos no crea un derecho a penas sustitutivas y que no existe un derecho subjetivo del condenado a su aplicación. Asimismo, descartó un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación, compartiendo parte de los considerandos.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2°, constitucional
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
Ley N° 18.216
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdad ante la leyno discriminaciónproporcionalidad de las penas
Preguntas frecuentes
¿Puede un condenado exigir la aplicación de una pena sustitutiva si la Ley N° 18.216 se lo impide?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente y que no existe un derecho subjetivo del condenado a su aplicación, por lo que rechazó el requerimiento.
¿Es inconstitucional que el legislador excluya el acceso a penas sustitutivas en ciertos casos?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no es inconstitucional, afirmando que la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales.
¿Obliga el derecho internacional de los derechos humanos a conceder penas sustitutivas a los condenados?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho internacional de los derechos humanos no crea un derecho a penas sustitutivas, por lo que no acogió la impugnación fundada en ese punto.
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