El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Peñalolén, que había denegado el acceso a los pronunciamientos de la Alcaldesa y de la Dirección de Obras Municipales sobre determinadas DDU de los años 2020 y 2021. El órgano invocó la causal de reserva por distracción indebida de funcionarios, pero no justificó ni acreditó sus presupuestos legales y jurisprudenciales, por lo que se desestimó. Se ordenó la entrega de la información, previa tarja de los datos personales de contexto según el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Se advirtió la sanción del artículo 46 de la ley en caso de incumplimiento, y se impuso al órgano la obligación de acreditar la entrega efectiva. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio negarse a entregar pronunciamientos internos sobre permisos de obra invocando la distracción indebida de funcionarios?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó esa negativa porque la Municipalidad de Peñalolén no justificó ni acreditó los presupuestos legales y jurisprudenciales de la causal de distracción indebida. Por eso ordenó entregar la información.
¿Qué datos pueden mantenerse reservados al entregar información pública de un municipio?
El Consejo ordenó entregar la información previa tarja de los datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Así, se protege lo personal sin negar el acceso al resto del contenido.
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración no entrega la información ordenada en un amparo de transparencia?
El Consejo advirtió la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento y exigió al órgano acreditar la entrega efectiva. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos.
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