Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una impugnación de una funcionaria de la Subsecretaría de Salud respecto de su calificación anual. El organismo concluyó que la actuación del jefe directo al asignar puntajes en la precalificación se ajustó a derecho, pues estos no necesariamente deben corresponder al promedio de los informes de desempeño. Sin embargo, acogió la denuncia por falta de motivación, ya que ni el acuerdo de la Junta Calificadora ni el fallo de la apelación explicitaron las razones, antecedentes objetivos y circunstancias precisas para asignar las notas, como exigen los artículos 29 y 33 del decreto N° 1.825, de 1998. Por ello, ordenó retrotraer el proceso para que el órgano evaluador adopte un nuevo acuerdo debidamente fundamentado. Además, constató que la Junta acordó mantener la nota del segundo informe si era más alta que la precalificación, criterio que fue desconocido en tres subfactores sin justificación, aspecto que deberá considerarse en la nueva evaluación.