Resumen
La Contraloría General de la República acogió el reclamo de una funcionaria del Departamento de Educación de una municipalidad en su proceso calificatorio, por falta de fundamentación del acuerdo de la Junta Calificadora. En consecuencia, ordenó retrotraer el proceso a la etapa en que la Junta debe emitir nuevamente su acuerdo, esta vez debidamente fundamentado, y precisó que una eventual resolución sobre apelación deberá cumplir igual exigencia. Respecto de la falta de entrega del acta de la Junta, el organismo señaló que las actas son públicas al no existir ley de quórum calificado que las repute secretas, pero que la autoridad solo debe entregar copia del acuerdo y sus fundamentos, y el acta respectiva únicamente a solicitud del servidor. Sobre la ausencia de anotaciones de demérito en la hoja de vida, indicó que ello no obliga a asignar la máxima puntuación, por ser un elemento más que el órgano evaluador pondera dentro de la plenitud de su potestad calificatoria.