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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2014

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el inciso segundo del artículo 35 de la Ley N° 19.880, que faculta al instructor de un procedimiento administrativo sancionador de la Superintendencia de Valores y Seguros a ordenar la apertura de un término probatorio cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. El requirente sostenía que esa facultad vulneraba la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley, por trasladar la carga de la prueba al administrado. El Tribunal concluyó que la norma impugnada no afecta dichas garantías, pues se trata de una atribución del instructor dentro del procedimiento sancionador que no altera la esencia de esos derechos. En la parte resolutiva rechazó el requerimiento y no condenó en costas al requirente por estimar que tuvo motivo plausible para recurrir.

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Preguntas frecuentes

¿Vulnera la presunción de inocencia que el instructor de un procedimiento sancionador abra un término probatorio?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la facultad del instructor de ordenar la apertura de un término probatorio no afecta la presunción de inocencia, pues es una atribución dentro del procedimiento que no altera la esencia de esa garantía.

¿Es conforme al debido proceso que la Administración abra un término probatorio en un procedimiento sancionador?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que esa facultad del instructor no vulnera el debido proceso ni el derecho a defensa, al tratarse de una atribución propia del procedimiento sancionador que no altera la esencia de esos derechos.

¿Se traslada la carga de la prueba al administrado si el instructor abre un término probatorio?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que la norma impugnada traslade la carga de la prueba al administrado, pues estimó que la apertura del término probatorio por el instructor no afecta la igualdad ante la ley ni las garantías invocadas.

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