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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2013

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una empresa eléctrica contra el artículo 19 de la Ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El tribunal consideró que el requerimiento no estaba razonablemente fundado, pues impugnaba la aplicación de un tipo penal en lugar de plantear un conflicto constitucional respecto del precepto legal, y proyectaba a esta sede alegaciones fácticas propias del tribunal ordinario, evidenciando disconformidad con el proceso penal y la subsunción de una hipótesis fáctica en el ilícito.

Normas citadas

  • artículo 19, de LEY 18.410 - CREA LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Tribunal ConstitucionalINAControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDerecho A La DignidadDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerechos ImplicitosIncompatibilidad De ParlamentarioJusticia Electoral

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional acoger un requerimiento de inaplicabilidad que cuestiona la aplicación de un tipo penal en un caso concreto?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque no estaba razonablemente fundado: impugnaba la aplicación del tipo penal y no planteaba un conflicto constitucional con el precepto legal. Además, sostuvo que las alegaciones eran propias del tribunal ordinario.

¿Qué diferencia hay entre impugnar un precepto legal por inconstitucionalidad y cuestionar su aplicación en un proceso penal?

En este caso, el tribunal consideró que la empresa cuestionaba la subsunción de los hechos en el ilícito y la disconformidad con el proceso penal, lo que es materia del juez ordinario y no un conflicto constitucional del artículo 19 de la Ley N° 18.410.

¿Cuándo se considera que un requerimiento de inaplicabilidad está razonablemente fundado ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el tribunal entendió que no lo estaba, porque el requerimiento proyectaba alegaciones fácticas propias de la sede ordinaria y no explicaba una contradicción entre el precepto legal y la Constitución.

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