El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad anónima respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el marco de un recurso de casación en la forma seguido ante la Corte Suprema. El Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe ejercerse conforme a principios constitucionales como humanidad y proporcionalidad, derivados de la dignidad humana. Estimó que la disposición impugnada, al restringir la aplicación de penas sustitutivas sin considerar la gravedad del delito según el quantum de la pena, resulta desproporcionada e inequitativa, vulnerando los artículos 19 N° 3° y N° 2° de la Constitución. Además, señaló que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social y que la exclusión total de ciertos delitos de los beneficios de la Ley N° 18.216 afecta la racionalidad y justicia. En consecuencia, declaró inaplicable el precepto legal para el caso concreto.
Normas citadas
artículo 768, inciso 2, de Código de Procedimiento Civil
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho Al TrabajoIgualdad Ante La LeyIncompatibilidad De Parlamentario
Preguntas frecuentes
¿El derecho a punir del Estado es ilimitado o debe respetar principios como la humanidad y la proporcionalidad?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe ejercerse conforme a principios constitucionales como la humanidad y la proporcionalidad, derivados de la dignidad humana.
¿Puede el legislador excluir totalmente ciertos delitos de los beneficios de la Ley N° 18.216 sin afectar la reinserción social?
En este caso, el Tribunal señaló que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social y que la exclusión total de ciertos delitos de esos beneficios afecta la racionalidad y la justicia del sistema.
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