La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano cuban…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano cubano contra el Servicio Nacional de Migraciones, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que lo había rechazado. El tribunal consideró que el acto administrativo impugnado carecía de razonabilidad y proporcionalidad, pues la autoridad rechazó declarar el desistimiento de la solicitud sin otorgar un plazo razonable para subsanar sus falencias, afectando la libertad personal del amparado. En virtud de los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325, que obligan al Estado a proteger los derechos de los extranjeros y promover la obtención de permisos de residencia, se dejó sin efecto el acto y se ordenó a la repartición pública otorgar un plazo de 60 días para que el amparado presente la documentación correspondiente y luego emita pronunciamiento sobre su solicitud.
Normas citadas
Art. 3, inciso 1°, de la Ley N° 21.325
Art. 7 de la Ley N° 21.325
Art. 21 de la Constitución Política de la República
derecho a un procedimiento racional y justoprotección de los derechos humanoscondición de refugiadomigraciónautorizaciones y permisos de residencia o permanencia
Preguntas frecuentes
¿Puede la autoridad migratoria declarar el desistimiento de una solicitud de residencia sin darle al extranjero un plazo para subsanar sus falencias?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no, pues la autoridad rechazó declarar el desistimiento sin otorgar un plazo razonable para subsanar, lo que volvió el acto carente de razonabilidad y proporcionalidad y afectó la libertad personal del amparado. Por ello dejó sin efecto el acto y ordenó otorgar un plazo de 60 días para presentar la documentación.
¿Qué protege el recurso de amparo cuando se trata de actos del Servicio Nacional de Migraciones que afectan a extranjeros?
En este caso, la Corte Suprema acogió el amparo interpuesto por un ciudadano cubano contra el Servicio Nacional de Migraciones, revocando el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que lo había rechazado. Lo protegido fue la libertad personal del amparado frente a un acto administrativo considerado desproporcionado.
¿Qué obligaciones tiene el Estado respecto de los derechos de los extranjeros y de la obtención de permisos de residencia según la Ley N° 21.325?
En este caso, la Corte Suprema se basó en los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325, que obligan al Estado a proteger los derechos de los extranjeros y promover la obtención de permisos de residencia. Aplicando esas normas, ordenó a la repartición pública permitir al amparado subsanar su documentación antes de emitir pronunciamiento sobre su solicitud.
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