La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por un extranjero contra el Ser…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por un extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia definitiva por falta de antecedentes. La Corte de Apelaciones de Chillán había rechazado previamente el recurso. El máximo tribunal consideró que la Administración actuó arbitrariamente al no otorgar un plazo razonable para subsanar las falencias de la solicitud, vulnerando los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325, que obligan a proteger los derechos humanos de los extranjeros y asegurar un procedimiento racional y justo. La Corte revocó la sentencia apelada, dejó sin efecto el acto administrativo impugnado y ordenó otorgar un nuevo plazo de 60 días para acompañar los documentos faltantes, garantizando así la libertad personal y el debido proceso del recurrente.
Normas citadas
Art. 21 Constitución Política de la República
Art. 3 Ley N° 21.325
Art. 7 Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes
¿Puede la Administración rechazar una solicitud de residencia definitiva sin dar un plazo para subsanar las falencias de la solicitud?
En este caso, la Corte Suprema estimó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó arbitrariamente al no otorgar un plazo razonable para subsanar las falencias, vulnerando los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325. Por ello, dejó sin efecto el rechazo y ordenó conceder un nuevo plazo de 60 días para acompañar los documentos faltantes.
¿Qué protege el recurso de amparo frente a una decisión migratoria que rechaza una residencia por falta de antecedentes?
En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que lo había rechazado. Sostuvo que se debía garantizar la libertad personal y el debido proceso del extranjero recurrente.
¿Qué obligaciones impone la Ley N° 21.325 a la Administración en los procedimientos migratorios?
En este caso, la Corte Suprema señaló que los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325 obligan a proteger los derechos humanos de los extranjeros y a asegurar un procedimiento racional y justo. El Servicio Nacional de Migraciones no cumplió esas exigencias al no conceder plazo para subsanar.
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