Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideración presentada por una ex profesora asistente de la Universidad de La Frontera, quien pretendía acceder al beneficio de desahucio del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. La recurrente sostenía que, por haberse reincorporado al antiguo régimen previsional de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en virtud de la ley N° 18.225, debía acceder a dicho beneficio. El organismo concluyó que el desahucio fue derogado por la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, y que sólo conservaron el derecho quienes estaban en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esa ley y se mantuvieron en él sin interrupción. Como la recurrente ingresó al cargo con posterioridad, no le correspondía el beneficio, aunque sí la restitución de lo indebidamente cotizado para ese fondo. En consecuencia, se desestimó la reconsideración.