La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condena…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. El recurrente alegaba falta de antijuricidad material por la baja pureza de la droga incautada y ausencia de peligro para la salud pública, cuestionando los informes periciales. El máximo tribunal confirmó la condena, señalando que en drogas como el cannabis la concentración del principio activo THC no es determinante para configurar el delito, pues su variabilidad obedece a causas naturales y no a adulteraciones. Se mantuvo la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo por tráfico y siete años por tenencia de arma prohibida.
Normas citadas
Artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal
Artículo 1° de la Ley N°20.000
Artículo 3° de la Ley N°20.000
Artículo 42 de la Ley N°20.000
Artículo 43 de la Ley N°20.000
Artículo 1° del Código Penal
Artículo 2° del Código Penal
Artículo 13 inciso primero de la Ley N°17.798
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Preguntas frecuentes
¿Se puede alegar falta de antijuricidad material en un delito de tráfico de drogas por la baja pureza de la sustancia incautada?
En este caso, la Corte Suprema rechazó ese argumento y confirmó la condena. Sostuvo que, en drogas como el cannabis, la concentración de THC no es determinante para configurar el delito, pues su variabilidad responde a causas naturales y no a adulteraciones.
¿La concentración de THC en el cannabis incautado es decisiva para configurar el delito de tráfico de estupefacientes?
No, según lo resuelto en este caso por la Corte Suprema. El máximo tribunal señaló que la variabilidad de la concentración de THC obedece a causas naturales y no a adulteraciones, por lo que no resulta determinante para la configuración del delito.
¿Qué pena puede imponerse por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida cuando ambos delitos concurren?
En este caso, la Corte Suprema mantuvo una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo por tráfico de estupefacientes y de siete años por tenencia de arma de fuego prohibida.
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