Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana y ordenó entregar tres actas de fiscalización sin tarjar los nombres de las personas naturales que figuran en ellas, por tratarse de información pública contenida en documentos administrativos y porque su divulgación contribuye al control social, permitiendo verificar si quien ejerce una actividad comercial cumple las condiciones exigidas. El organismo había reservado esos datos, lo que se declaró improcedente, aplicando el criterio de decisiones anteriores. No obstante, en virtud del principio de divisibilidad, antes de la entrega el órgano deberá tarjar los datos personales y sensibles de contexto que pudieran existir, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Además, se dispuso que la autoridad acredite la entrega efectiva de la información y se notificó la decisión a las partes, con la posibilidad de reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.