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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentad…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentado contra el Gobierno Regional de Los Ríos. La solicitud se refería a antecedentes de un sumario administrativo no afinado y a datos de una funcionaria vinculados a una calificación de origen laboral. El Consejo estimó que la información debía mantenerse reservada, invocando las causales de la Ley de Transparencia sobre el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la protección de la vida privada de la persona involucrada. Además, ordenó iniciar un proceso para resguardar la identidad de la parte reclamante en los registros internos y en la información publicada en el sitio web del organismo, y dispuso notificar la decisión a las partes. En contra de lo resuelto procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.834
  • Ley N° 19.628
  • Artículo 137 de la Ley N° 18.834
  • Ley N° 19.880
  • Resolución Exenta N° 414
  • Ley N° 18.575
  • Resolución Exenta N° 386
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede acceder a los antecedentes de un sumario administrativo que aún no está afinado?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y estimó que la información debía mantenerse reservada, invocando el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

¿Es reservada la información sobre la calificación de origen laboral de una funcionaria pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que debía mantenerse reservada, invocando la protección de la vida privada de la persona involucrada.

¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y en qué plazo?

En este caso, el Consejo dispuso que procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación.

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