La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una funcionaria munici…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una funcionaria municipal que invocaba la protección del artículo 64, inciso primero, de la Ley N° 18.575, que impide la contratación de personas con inhabilidades sobrevinientes cuando existe continuidad en el servicio. La recurrente pretendía que se le aplicara dicha protección pese a que su padre fue nombrado jefe del DAEM del mismo municipio. Sin embargo, se constató que entre su primer contrato a honorarios y su posterior ingreso a la dotación de salud existió un mes sin desempeño, lo que configuró una solución de continuidad. Por ello, la inhabilidad sobreviniente no quedó cubierta, ratificándose el pronunciamiento anterior y ordenando al municipio acatarlo en el plazo de 20 días hábiles.
Normas citadas
ley 18575 art/54 lt/b
ley 18575 art/64 inc/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Se aplica la protección del artículo 64 inciso primero de la Ley 18.575 si hubo una interrupción en el servicio del funcionario?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no procede la protección, porque entre el primer contrato a honorarios y el ingreso posterior a la dotación existió un mes sin desempeño, lo que configuró una solución de continuidad y dejó sin cobertura la inhabilidad sobreviniente.
¿Qué pasa si un funcionario municipal queda en una situación de inhabilidad sobreviniente por parentesco con una autoridad del mismo municipio?
En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de una funcionaria cuyo padre fue nombrado jefe del DAEM del mismo municipio, al constatar que no había continuidad en el servicio que permitiera invocar el artículo 64 inciso primero, por lo que la inhabilidad no quedó cubierta.
¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir un dictamen de la Contraloría que ratifica un pronunciamiento anterior?
En este caso, la Contraloría ratificó su pronunciamiento anterior y ordenó al municipio acatarlo en el plazo de 20 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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