El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye el acceso a penas sustitutivas para ciertos delitos, entre ellos el porte ilegal de armas y municiones. El requirente sostenía que esa exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso. El Tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que la decisión de excluir penas alternativas para determinados ilícitos corresponde a la potestad del legislador en materia de política criminal, ámbito en que debe reconocerse un margen de decisión regulatoria autónoma, y que la norma no resulta desproporcionada ni discriminatoria. Añadió que la inaplicabilidad es un control concreto de constitucionalidad, de modo que importan las características del caso, y que la eventual proyección de la pena sobre el requirente corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos, como el porte ilegal de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que excluir penas alternativas para determinados ilícitos corresponde a la potestad del legislador en materia de política criminal, con un margen de decisión regulatoria autónoma, sin resultar desproporcionada ni discriminatoria.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que la Ley N° 18.216 no permita penas sustitutivas para algunos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos vulnere la igualdad ante la ley, al estimar que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria y responde a la política criminal del legislador.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar si corresponde aplicar una pena sustitutiva a una persona condenada?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la eventual proyección de la pena sobre el requirente corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura, por tratarse la inaplicabilidad de un control concreto de constitucionalidad.
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