El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. El requirente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley, de la proporcionalidad de las penas y de la dignidad. El Tribunal rechazó el requerimiento. Consideró que, al tratarse de una materia de política criminal, debe existir deferencia al legislador, quien puede excluir el acceso a penas sustitutivas en ciertos delitos. Estimó que los ilícitos imputados al requirente, por su reproche adicional, se encuentran dentro de esa potestad, por lo que la norma no resulta desproporcionada ni discriminatoria. Precisó que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable la exclusión de penas sustitutivas que establece la Ley 18.216 para ciertos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 18.216. Sostuvo que la materia es de política criminal, por lo que debe haber deferencia al legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas en ciertos delitos.
¿La exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos vulnera la igualdad ante la ley o la proporcionalidad de las penas?
En este caso, el Tribunal estimó que los ilícitos imputados se encuentran dentro de la potestad del legislador, por lo que la norma no resulta desproporcionada ni discriminatoria. Por ello, rechazó la alegación de vulneración de la igualdad y de la proporcionalidad.
¿Quién determina qué pena concreta se debe imponer en un caso en que se excluye el acceso a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente y no al Tribunal Constitucional. Su función se limitó a revisar la constitucionalidad de la norma aplicable.
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