Resumen
La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 68.293, de 2013, que había validado la disminución de la asignación universitaria complementaria que la Universidad de Chile dejó de pagar a un funcionario desde enero de 2010. El órgano concluyó que el rector, en uso de sus facultades, podía dejar sin efecto o variar ese beneficio mediante un nuevo decreto, ajustando las rentas a la política interna de remuneraciones del hospital. Respecto de compañeros que cumplían funciones similares y percibían un monto mayor, la diferencia se explicó por su antigüedad, criterio también contemplado en esa política. Además, se precisó que una sentencia judicial invocada por el recurrente solo produce efectos entre las partes del proceso en que se dictó, según el artículo 3° del Código Civil, por lo que se desestimó la presentación.