Resumen
La Contraloría General de la República desestimó el requerimiento de un funcionario de la Universidad de Chile que solicitaba que se ordenara a esa casa de estudios mantener el monto de la asignación universitaria complementaria que percibía en su cargo profesional en propiedad, antes de asumir un cargo directivo de confianza, una vez que lo reasumió. El ente contralor señaló que dicha asignación es un beneficio remuneratorio no permanente, cuya determinación corresponde al Rector, sobre la base de parámetros objetivos previamente establecidos, por lo que no existe sustento legal para acceder a lo pedido. Además, no se evidenció un trato discriminatorio en la fijación del monto actual. Asimismo, se requirió a la universidad informar, en un plazo de 30 días hábiles, las medidas adoptadas para resguardar la igualdad ante la ley en el pago de esa asignación a otros funcionarios, y se indicó que la Contraloría se pronunciará sobre el nuevo Reglamento de Remuneraciones cuando sea remitido para su control de legalidad.