Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si un funcionario civil de Gendarmería de Chile que prestó servicios en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, conservando la propiedad de su empleo original, tenía derecho a la asignación del artículo 3° de la ley N° 19.195. El órgano concluyó que dicha asignación solo puede percibirla el personal civil de Gendarmería destinado en forma permanente a una unidad penal, requisito que no se cumplía, pues el funcionario había sido destinado a la Dirección Nacional del servicio. Por ello, determinó que no tuvo derecho a percibir la asignación. Asimismo, señaló que el ministerio le pagó erróneamente la suma de $2.214.238, que debe reintegrar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 10.336. El dictamen también dejó constancia de una deuda por pagos en exceso de otros beneficios, ordenando a la institución policial donde actualmente se desempeña efectuar los descuentos correspondientes.