Resumen
Una médica presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestionando normas del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud que permitirían modificar unilateralmente la modalidad de trabajo, y solicitó la suspensión de la gestión judicial pendiente por estimar que su aplicación vulnera garantías constitucionales. En la parte resolutiva del documento, la profesional, a través de su abogado, acompaña diversos antecedentes —certificados, carta de renuncia voluntaria y mandato judicial— y pide al tribunal que, conforme al artículo 43 de su Ley Orgánica Constitucional, disponga oír alegatos para declarar la admisibilidad del requerimiento, fije correos electrónicos para notificaciones y tenga presente su personería y el patrocinio asumido por el abogado.