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El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicables los artículos 10 le…

Informe · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicables los artículos 10 letra e) y 120 letra d) de la Ley N° 19.883 (Estatuto Administrativo para funcionarios municipales), que sirvieron de base para sancionar con destitución a una psicóloga que se desempeñaba en la atención primaria de salud municipal de San Javier. La recurrente sostiene que dichas normas le fueron aplicadas pese a regirse por la Ley N° 19.378 (Estatuto de atención primaria de salud municipal), lo que vulneraría sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y derecho de propiedad. El requerimiento se funda en una acción de protección pendiente ante la Corte de Apelaciones de Talca. Se solicita medida cautelar para evitar efectos irreversibles y la suspensión del procedimiento cautelar mientras se tramita la inaplicabilidad.

Normas citadas

  • Artículo 93 n° 6 de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19 numerales 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política
  • Artículo 10 letra e) de la Ley Nro. 19.883
  • Artículo 120 letra d) de la Ley Nro. 19.883
  • Ley Nro. 19.378 - Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal
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Preguntas frecuentes

¿Cabe un requerimiento de inaplicabilidad mientras está pendiente una acción de protección por el mismo despido?

En este caso, el requerimiento se funda en una acción de protección pendiente ante la Corte de Apelaciones de Talca. La recurrente también solicitó una medida cautelar para evitar efectos irreversibles y la suspensión del procedimiento mientras se tramita la inaplicabilidad. El resumen no señala cómo resolvió el tribunal estas peticiones.

¿Qué garantías constitucionales pueden invocarse para impugnar la destitución de un funcionario de salud municipal?

En este caso, la recurrente sostiene que la aplicación de las normas de la Ley N° 19.883 vulneraría la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad. Estas garantías fueron invocadas por la parte, pero el resumen no indica si el tribunal las acogió.

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