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Se interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal…

Informe · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

Se interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 134 de la Ley 18.883, que faculta al fiscal para suspender preventivamente a funcionarios municipales durante sumarios administrativos. La requirente, directora de un establecimiento educacional, fue suspendida en el marco de un sumario. El requerimiento se presenta en el contexto de un recurso de apelación contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó un recurso de protección. Se cuestiona la constitucionalidad de la norma por permitir la suspensión sin garantías procedimentales adecuadas. El requirente sostiene que la medida incide en la causa pendiente ante la Corte Suprema y cumple los requisitos de admisibilidad constitucional y legal.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 96 N° 3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 134 de la Ley 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales)
  • Artículo 42 inciso octavo de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el requerimiento se presenta en el contexto de un recurso de apelación contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó un recurso de protección. El requirente afirma que la medida incide en la causa pendiente y que cumple los requisitos de admisibilidad constitucional y legal.

¿Puede un funcionario municipal ser suspendido preventivamente durante un sumario administrativo sin garantías procedimentales?

En este caso, se cuestiona la constitucionalidad del artículo 134 de la Ley 18.883 por permitir la suspensión preventiva de un funcionario municipal sin garantías procedimentales adecuadas. La requirente, directora de un establecimiento educacional, fue suspendida en el marco de un sumario, y el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre ese reclamo.

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