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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Informe · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 32 de la Ley N° 18.287, que restringe el recurso de apelación en juicios de Policía Local. El requirente, representado por un abogado, sostenía que la norma vulneraba derechos fundamentales de la Constitución y de tratados internacionales, en un proceso infraccional seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Concepción. El tribunal resolvió que la expresión "solo" del artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 18.287 no será aplicable en la causa pendiente, por cuanto su aplicación al caso concreto infringe los artículos 1° inciso 2°, 5°, 19 números 2° y 3° y 83 de la Constitución Política. Asimismo, se solicitó la suspensión de los procedimientos pendientes, tanto ante la Corte de Apelaciones de Concepción como ante el juzgado de primera instancia.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93 inciso 11° de la Constitución Política de la República
  • Artículos 5 y 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 32 inciso primero de la Ley N° 18.287
  • Artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
  • Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  • Ley N° 17.997
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Preguntas frecuentes

¿Es inaplicable el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 18.287 que limita el recurso de apelación en juicios de Policía Local?

En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que la expresión "solo" del artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 18.287 no será aplicable en la causa pendiente, porque su aplicación al caso concreto infringe la Constitución. La decisión se limita a ese proceso.

¿Qué derechos constitucionales pueden invocarse para cuestionar la restricción de la apelación en un juicio de Policía Local?

En este caso, el requirente sostuvo que la norma vulneraba derechos fundamentales de la Constitución y de tratados internacionales. El tribunal concluyó que su aplicación al caso infringe los artículos 1° inciso 2°, 5°, 19 números 2° y 3° y 83 de la Constitución.

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