Una sociedad de leasing interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Informe · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
Una sociedad de leasing interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el inciso primero del artículo 32 de la Ley 18.287, por su aplicación en un Recurso de Hecho pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, vinculado a un cobro de tarifa o peaje conforme al artículo 42 de la ley de concesiones de obras públicas. Se alegó que la norma infringe los artículos 5 y 19 números 2 y 3 de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. La requirente pidió suspender el procedimiento de origen y remitir el expediente al Tribunal. El Tribunal Constitucional es competente para conocer esta acción cuando la aplicación del precepto en una gestión pendiente resulte contraria a la Constitución, decisiva para el asunto y razonablemente fundada.
Normas citadas
Artículo 93 número 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 32 de la Ley Nro. 18.287
Artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
Artículos 5 y 19 números 2 y 3 de la Constitución Política
Artículo 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Ley Nro. 17.997 - Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículo 82 de la Ley 17.997
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Preguntas frecuentes
¿Qué requisitos debe cumplir una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para ser admitida a tramitación?
Según este informe, la acción debe demostrar que la aplicación del precepto en una gestión pendiente sería contraria a la Constitución, que es decisiva para resolver el asunto y que está razonablemente fundada. En el caso, una sociedad de leasing alegó la infracción de los artículos 5 y 19 números 2 y 3 de la Constitución y de tratados de derechos humanos.
¿Puede una parte pedir suspender el procedimiento de origen mientras se resuelve una inaplicabilidad?
En este caso, la requirente solicitó suspender el procedimiento de origen y remitir el expediente al Tribunal Constitucional mientras se resolvía el requerimiento. El resumen público no informa cómo resolvió el Tribunal esa petición.
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