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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra una Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ordenando la entrega de un correo electrónico institucional. El órgano reclamado no logró acreditar que la publicidad del documento afectara el debido cumplimiento de sus funciones ni configuró alguna causal de secreto o reserva. La decisión fue adoptada por mayoría dirimente, con votos disidentes que consideraban aplicables las causales de afectación de funciones y derechos de las personas, estimando que los correos electrónicos pueden sustituir conversaciones personales y contener deliberaciones que, de conocerse, alterarían los procesos decisorios del órgano, configurando así las causales de secreto o reserva de la Ley de Transparencia. En contra de esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin que proceda el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se puede denegar la entrega de correos electrónicos institucionales por afectar el debido cumplimiento de funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque el órgano reclamado no acreditó que la publicidad del correo afectara el debido cumplimiento de sus funciones ni configuró una causal de secreto o reserva.

¿Procede el recurso de reposición en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia sobre acceso a la información?

En este caso, el Consejo para la Transparencia resolvió que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin que proceda el recurso de reposición.

¿Pueden los correos electrónicos institucionales contener deliberaciones que justifiquen su reserva según la Ley de Transparencia?

En este caso, los votos disidentes consideraron aplicables las causales de secreto o reserva, estimando que los correos electrónicos pueden sustituir conversaciones personales y contener deliberaciones que, de conocerse, alterarían los procesos decisorios del órgano.

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