El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentado contra la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota, que había denegado la entrega de correos electrónicos institucionales intercambiados entre funcionarios. En su decisión, el Consejo concluyó que dichas comunicaciones, generadas desde casillas institucionales en el ejercicio de competencias públicas, tienen el carácter de información pública y que no concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues no se afecta la vida privada de terceros. Por ello, resolvió que debió ordenarse la entrega de los correos requeridos, rechazando así la reserva invocada por el órgano administrativo. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Resolución Exenta N° 129
Artículo 3° de la ley N° 19.880
Ley N° 18.918
Decreto Supremo N° 13
D.S. N° 93
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los correos electrónicos institucionales entre funcionarios públicos son información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que las comunicaciones generadas desde casillas institucionales en el ejercicio de competencias públicas tienen el carácter de información pública.
¿Se puede invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia para no entregar correos institucionales?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que no concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2, pues no se afecta la vida privada de terceros.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia notificó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación.
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