El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una mu…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una municipalidad, al concluir que la solicitud del requirente no constituía un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El reclamante pedía la emisión de un certificado sobre los bienios trabajados, lo que el Consejo estimó propio del derecho de petición y no del amparo de la Ley de Transparencia. El órgano recordó que una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la entidad a emitir un certificado, no correspondiéndole exigir la elaboración de estos últimos. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso en los términos legales, resolvió por unanimidad declarar inadmisible el amparo y ordenar notificar la decisión a las partes, dejando a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Constitución Política de la República
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Se puede usar el amparo de la Ley de Transparencia para exigir que un órgano público emita un certificado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no: solicitó un certificado sobre bienios trabajados y estimó que ello es propio del derecho de petición, no del acceso a la información pública. Declaró inadmisible el amparo porque no se ejerció el derecho de acceso en los términos legales.
¿Qué diferencia hay entre pedir información y pedir que se elabore un certificado según el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo distinguió que una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la entidad a emitir un certificado. Sostuvo que no le corresponde exigir la elaboración de certificados, por lo que el amparo fue declarado inadmisible.
¿Qué puede hacer un requirente si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo?
En este caso, el Consejo ordenó notificar la decisión a las partes y dejó a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
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