El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. La impugnación cuestionaba que dicha norma impide acceder a penas sustitutivas, alegando vulneración a la igualdad ante la ley y al debido proceso. El tribunal rechazó el requerimiento, sosteniendo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, que la política criminal es fijada por el legislador dentro de los límites constitucionales, que no existe un derecho subjetivo de los condenados a obtener una pena sustitutiva y que no se configura un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación, compartiendo algunos considerandos de la sentencia.
Normas citadas
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 1, de Ley N° 18.216
artículo 2, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaReinserción socialley de control de armaspenas sustitutivasIgualdad ante la Ley
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional que la ley impida acceder a penas sustitutivas por la naturaleza del delito?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, sosteniendo que las penas sustitutivas no operan automáticamente y que la política criminal es fijada por el legislador dentro de los límites constitucionales.
¿Existe un derecho subjetivo de los condenados a obtener una pena sustitutiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no existe un derecho subjetivo de los condenados a obtener una pena sustitutiva, al rechazar la impugnación contra la ley que regula estas penas.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que una norma impida acceder a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que no se configura un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley.
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