Resumen
La Contraloría General de la República confirmó que la exigencia de las bases de una licitación de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, que obligaba al proponente a haber adquirido los vehículos con los que prestaría el servicio antes de la adjudicación, no se ajustó a derecho. Tras el traslado a la empresa interesada, que alegó que la condición vulneraba la libre concurrencia, el organismo concluyó que tal requisito constituye una barrera de entrada al mercado que dificulta el ingreso de nuevos oferentes, aunque se aplique a todos los interesados. Por ello, reconsideró y complementó sus pronunciamientos anteriores, invocando el principio de libre concurrencia de la ley N° 18.575, los principios de libre acceso y no arbitrariedad de las Instrucciones de Carácter General N° del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y la ley N° 19.886 y su reglamento.