Un juzgado de policía local conoció una denuncia infraccional y demanda de indemnizació…
Sentencia · 2DO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE MAIPU · 2022
Resumen
Un juzgado de policía local conoció una denuncia infraccional y demanda de indemnización por cargos no reconocidos en una tarjeta de crédito, por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. La sentencia de primera instancia condenó a la entidad bancaria, al estimar que no acreditó la diligencia debida ni la autenticidad de las operaciones desconocidas por el consumidor, correspondiéndole soportar el riesgo del fraude, y ordenó pagar el daño emergente por los montos defraudados. En apelación, el tribunal de alzada revocó la condena por daño moral, al no haberse acreditado su existencia y extensión conforme al artículo 1698 del Código Civil, y redujo prudencialmente la multa a una unidad tributaria mensual, atendida la entidad de la infracción y su contexto, confirmando en lo demás lo resuelto. Luego, el juzgado de policía local ordenó remitir copias de la sentencia al Servicio Nacional del Consumidor y archivar la causa.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 14
Ley 19.496, Art. 17
Ley 19.496, Art. 23
Ley 19.496, Art. 24
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Quién debe soportar el riesgo del fraude cuando un consumidor desconoce cargos en su tarjeta de crédito?
En este caso, el juzgado de policía local condenó al banco al estimar que no acreditó la diligencia debida ni la autenticidad de las operaciones desconocidas, correspondiéndole soportar el riesgo del fraude.
¿Procede la indemnización por daño moral en una denuncia por cargos no reconocidos en tarjeta de crédito?
En este caso, el tribunal de alzada revocó la condena por daño moral al no haberse acreditado su existencia y extensión conforme al artículo 1698 del Código Civil.
¿Cómo se determina el monto de la multa en una infracción a la Ley del Consumidor por cargos no reconocidos?
En este caso, el tribunal de alzada redujo prudencialmente la multa a una unidad tributaria mensual, atendida la entidad de la infracción y su contexto.
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