La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta del Hospital El…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta del Hospital El Pino, que había intentado devolver garantías caducadas a contratistas y a las entidades emisoras sin obtener resultado. El organismo concluyó que, si la devolución resulta imposible, el hospital puede proceder a destruir dichos instrumentos, siempre que cumpla previamente los trámites de la jurisprudencia administrativa, como fijar resguardos y dejar constancia de los documentos. Lo anterior se funda en las normas sobre eliminación de especies de la ley N° 10.336 y en el deber de una administración eficiente de los medios públicos, con registro de las gestiones para permitir la fiscalización posterior.
Normas citadas
Ley 18575 art/5 inc/1
ley 18575 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué debe hacer un servicio público si no logra devolver garantías caducadas a los contratistas ni a las entidades emisoras?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que, si la devolución resulta imposible, el hospital puede proceder a destruir esos instrumentos, siempre que cumpla antes los trámites de la jurisprudencia administrativa, como fijar resguardos y dejar constancia de los documentos.
¿Puede un hospital público destruir garantías caducadas que no han podido devolverse?
Sí, según este dictamen, la Contraloría sostuvo que el Hospital El Pino puede destruir las garantías caducadas cuando su devolución no sea posible, pero debe previamente cumplir los trámites exigidos por la jurisprudencia administrativa.
¿Qué normas y principios fundan la destrucción de garantías caducadas en la Administración del Estado?
En este caso, el organismo fundó su conclusión en las normas sobre eliminación de especies de la ley N° 10.336 y en el deber de una administración eficiente de los medios públicos, exigiendo registrar las gestiones para permitir la fiscalización posterior.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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