Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución N° 828, de 2012, de la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, que otorgaba el auxilio de la fuerza pública a la Secretaría Regional Ministerial de Salud para que Carabineros detuviera a una persona condenada al pago de una multa, a fin de que cumpliera un día de prisión por cada décimo de unidad tributaria mensual adeudado, con un máximo de 60 días. El organismo representó el acto y no tomó razón de él por no ajustarse a derecho: la resolución se dictó fuera del plazo de seis meses de prescripción que fija el artículo 97 del Código Penal, plazo que comienza a correr transcurrido el quinto día hábil desde la notificación del acto que impone la multa.