El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra una municipalidad y…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra una municipalidad y ordenó entregar información sobre vacaciones, permisos administrativos y licencias médicas de dos funcionarios municipales, al considerarla información pública. La municipalidad había alegado la pandemia como causal de reserva, argumento que fue rechazado. Respecto de las licencias médicas, se registró un voto disidente que estimó que debió rechazarse el amparo en ese aspecto, por tratarse de datos sensibles o especialmente protegidos, cuya divulgación podría generar discriminación laboral y afectar la vida privada, configurándose la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La decisión adoptada por el Consejo Directivo ordena la entrega de la información solicitada, y en contra de ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley 19.628
Ley N° 20.285
Código del Trabajo
Oficio N° 252
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 18.883
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Las licencias médicas de funcionarios municipales son información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la información sobre licencias médicas de dos funcionarios municipales, al considerarla información pública. Hubo un voto disidente que estimó que debió rechazarse por tratarse de datos sensibles.
¿La pandemia sirve como causal de reserva para no entregar información municipal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el argumento de la municipalidad que alegaba la pandemia como causal de reserva y ordenó entregar la información solicitada sobre vacaciones, permisos y licencias médicas.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la decisión del Consejo Directivo que ordenó la entrega de la información permite reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos desde la notificación.
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