Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una exfuncionaria del Hospital Roberto del Río, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que pidió saber si tenía derecho al incentivo al retiro de la ley N° 20.209, ampliado por la ley N° 20.282. La recurrente había renunciado voluntariamente el 31 de diciembre de 2005, a los 62 años. El organismo de salud no evacuó el informe requerido, por lo que el dictamen se emitió sin ese antecedente. La Contraloría recordó que ambas leyes exigían ser funcionario a la época de su vigencia y renunciar voluntariamente dentro de plazos posteriores (entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, y entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010). Como la renuncia de la recurrente fue anterior a esos plazos, concluyó que no le asiste derecho al beneficio.