El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un imputado en un juicio oral penal, quien cuestionaba la expresión "en forma absoluta" contenida en el artículo 9° inciso segundo de la Ley N° 21.226, que regulaba la suspensión de audiencias judiciales durante la pandemia de COVID-19. El requirente sostenía que la norma lo obligaba a enfrentar la audiencia de manera remota, afectando su derecho a defensa y al debido proceso. El Tribunal acogió el requerimiento, considerando que la modalidad de juicio oral en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, configurándose una vulneración a la garantía del debido proceso. La decisión se adoptó con los votos concurrentes de los ministros, aunque algunos no firmaron por permisos o por no encontrarse en dependencias físicas del Tribunal.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que un juicio oral penal se realice de forma remota durante la pandemia?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y sostuvo que la modalidad de juicio oral en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, vulnerando el debido proceso.
¿Qué principios del debido proceso se afectan con la realización de audiencias penales telemáticas?
El Tribunal Constitucional consideró que la modalidad de juicio oral en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, configurándose una vulneración a la garantía del debido proceso.
¿Puede un imputado ser juzgado de manera remota si alega afectación a su derecho a defensa?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por un imputado que cuestionaba la norma que lo obligaba a enfrentar la audiencia de manera remota, por afectar su derecho a defensa y al debido proceso.
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