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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que establecía la tramitación remota de procesos judiciales durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El requirente, en un juicio oral penal, cuestionó que la norma obligara a realizar juicios orales por vía remota, por afectar el debido proceso y el derecho a defensa. El fallo acoge el requerimiento. Según el voto que concurre a esa decisión, los principios de oralidad, inmediación y publicidad son rectores del debido proceso, y el juicio en línea impide en la práctica respetarlos en su integridad. A ello se suma la brecha digital, que genera discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales. Por ello se configura una vulneración a la garantía del debido proceso en los juicios orales penales realizados de forma remota.

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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional obligar a realizar juicios orales penales por videoconferencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, porque la obligación de tramitar de forma remota los juicios orales penales vulneraba el debido proceso y el derecho a defensa.

¿Puede un juicio oral penal realizarse en línea sin afectar el debido proceso?

Según el voto que concurre a la decisión, la oralidad, la inmediación y la publicidad son principios rectores del debido proceso, y el juicio en línea impide en la práctica respetarlos en su integridad. Por eso el tribunal concluyó que los juicios orales penales realizados de forma remota vulneran esa garantía.

¿La brecha digital puede justificar una vulneración de garantías en la tramitación de procesos judiciales?

En este caso, el voto que concurre a la decisión sostuvo que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales. Esa discriminación fue considerada parte de la vulneración al debido proceso en los juicios orales penales realizados de forma remota.

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