El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, régimen excepcional de funcionamiento de los tribunales durante la pandemia de COVID-19, que obligaba a tramitar juicios orales penales por vía remota. La parte requirente sostuvo que esta modalidad afectaba el derecho a defensa y el debido proceso. El fallo acogió el requerimiento: concluyó que la tramitación remota no cumple cabalmente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, educacionales y territoriales, lo que vulnera la garantía del debido proceso en los juicios orales penales vía remota.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede un juicio oral penal realizarse por videoconferencia de forma obligatoria y absoluta si existe brecha digital?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y concluyó que la tramitación remota obligatoria de juicios orales penales no cumple cabalmente los principios de oralidad, inmediación y publicidad. Además, la brecha digital genera discriminación por razones económicas, educacionales y territoriales, lo que vulnera el debido proceso.
¿Se vulnera el debido proceso cuando la tramitación de juicios penales por vía remota genera discriminación por brecha digital?
Según este fallo, sí. El Tribunal Constitucional sostuvo que la brecha digital produce discriminación por razones económicas, educacionales y territoriales, lo que vulnera la garantía del debido proceso en los juicios orales penales vía remota.
¿Qué pueden hacer las partes de un juicio penal si una norma excepcional de pandemia les impide participar presencialmente?
En este caso, la parte requirente planteó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, por afectar su derecho a defensa. El Tribunal Constitucional lo acogió.
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