Resumen
La Contraloría General de la República dio curso a los decretos N° 38 y 47, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aprobaban contratos de venta directa de inmuebles celebrados entre el Fisco de Chile y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta. El órgano entendió que dichos actos constituían una regularización de actuaciones ya realizadas, considerando los antecedentes entregados por el Ministerio y las circunstancias particulares de los contratos. Sin perjuicio de ello, dispuso que en lo sucesivo debe cumplirse estrictamente lo indicado en un oficio previo: para transferir inmuebles del Ministerio, el Serviu no puede garantizar, mediante cartas de resguardo del artículo 129 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, obras de urbanización que corresponden a la Secretaría de Estado.