Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del decreto ley…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del decreto ley N° 1.939, de 1977, en relación con el convenio marco de cooperación suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Bienes Nacionales, así como con los convenios complementarios de 2007 y 2009. El dictamen concluye que el convenio marco y los dos convenios posteriores se ajustan a derecho. Establece que los inmuebles fiscales con aptitud habitacional se transfieren a título oneroso a los Servicios de Vivienda y Urbanización regionales, y excepcionalmente a título gratuito para erradicar campamentos, conforme al Título IV del decreto ley. En estos casos, el Ministerio de Bienes Nacionales autoriza la enajenación según el artículo 87, inciso segundo. En cambio, las instrucciones contenidas en el oficio N° 628, de 2007, deberán modificarse en los términos indicados.

Normas citadas

  • dl 1939/77 tit/IV
  • pol art/63 num/10
  • pol art/63 num/18 ley 18575 art/9
  • dfl 1/19653/2000 sepre
  • pol art/19 num/2 ley 20134 part/14/01/01/14 glo/03
  • dl 1939/77 art/87 inc/2 dto 174/2005 vivie art/15 inc/fin
  • dto 174/2005 vivie art/28 lt/j/3 ley 20407
  • dto 100/2005 sepre
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿En qué condiciones se transfieren inmuebles fiscales con aptitud habitacional a los Servicios de Vivienda y Urbanización?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que estos inmuebles se transfieren, por regla general, a título oneroso y, excepcionalmente, a título gratuito para erradicar campamentos, conforme al Título IV del decreto ley N° 1.939.

¿Quién autoriza la enajenación de inmuebles fiscales destinados a vivienda según el decreto ley N° 1.939?

En este caso, el dictamen establece que el Ministerio de Bienes Nacionales autoriza la enajenación de estos inmuebles según el artículo 87, inciso segundo, del decreto ley N° 1.939, cuando corresponde transferirlos a los Servicios de Vivienda y Urbanización.

¿Son ajustados a derecho los convenios de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales para transferir inmuebles fiscales?

En este caso, la Contraloría concluyó que el convenio marco y los convenios complementarios de 2007 y 2009 se ajustan a derecho, aunque las instrucciones del oficio N° 628, de 2007, deben modificarse en los términos que indica el dictamen.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2010 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República dio curso a los decretos N° 38 y 47, de 2012, de…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

  • La Contraloría General de la República tomó razón con observaciones del decreto del Min…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

  • La Contraloría General de la República representó el decreto N° del Ministerio de Biene…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

  • La Contraloría General de la República representó la resolución del Servicio de Viviend…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

  • La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto N° 38, de 2012, del Mi…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.