Resumen
La Contraloría General de la República representó el decreto N° 77, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aprobaba el contrato de venta de un inmueble fiscal a la Sociedad Bodemar S.A. El organismo concluyó que el acto no se ajusta a derecho. Explicó que la venta de bienes fiscales debe realizarse por propuesta pública, salvo excepciones como el trato directo, que deben justificarse en una resolución formal. En este caso, el decreto exento N° 315, de 2012, fundó el trato directo en el interés particular del solicitante de anexar el inmueble a su propiedad como estacionamiento, sin identificar un interés público ni relación con la naturaleza de la negociación. Además, no se acompañó copia autorizada por notario de la escritura pública, necesaria para el control de legalidad exigido por la resolución N° 1.600, de 2008.