Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República representó el decreto N° 77, de 2012, del Minist…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representó el decreto N° 77, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aprobaba el contrato de venta de un inmueble fiscal a la Sociedad Bodemar S.A. El organismo concluyó que el acto no se ajusta a derecho. Explicó que la venta de bienes fiscales debe realizarse por propuesta pública, salvo excepciones como el trato directo, que deben justificarse en una resolución formal. En este caso, el decreto exento N° 315, de 2012, fundó el trato directo en el interés particular del solicitante de anexar el inmueble a su propiedad como estacionamiento, sin identificar un interés público ni relación con la naturaleza de la negociación. Además, no se acompañó copia autorizada por notario de la escritura pública, necesaria para el control de legalidad exigido por la resolución N° 1.600, de 2008.

Normas citadas

  • ley 18575 art/9
  • res 1600/2008 CONTR art/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La venta de un inmueble fiscal puede hacerse por trato directo si el interesado solo quiere anexarlo a su propiedad?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, porque el trato directo se fundó solo en el interés particular del solicitante, sin identificar un interés público ni relación con la naturaleza de la negociación. La venta de bienes fiscales debe hacerse por propuesta pública, salvo excepciones debidamente justificadas en una resolución formal.

¿Qué requisitos debe cumplir la resolución que autoriza el trato directo en la venta de bienes fiscales?

En este caso, el organismo sostuvo que la resolución que autoriza el trato directo debe justificarse formalmente y expresar las razones que lo fundan. Como la que se dictó no identificó un interés público, el acto no se ajustó a derecho.

¿Es necesario acompañar copia autorizada por notario de la escritura pública para el control de legalidad de un decreto de venta de bienes fiscales?

En este caso, la Contraloría General de la República observó que no se acompañó copia autorizada por notario de la escritura pública, exigida para el control de legalidad por la resolución N° 1.600, de 2008. Esta omisión fue uno de los fundamentos por los que representó el decreto.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2012 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto N° 38, de 2012, del Mi…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

  • La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de jurid…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

  • La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 78, de 2011, del Minis…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

  • La Contraloría General de la República dio curso a los decretos N° 38 y 47, de 2012, de…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de invalidación…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.