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La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad presentado por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad presentado por una municipalidad en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar información sobre reuniones de una funcionaria municipal. El municipio sostenía que esa información no constituía un acto administrativo formal y que, por lo tanto, no estaba sujeta a entrega. La Corte razonó que la información en poder de los órganos del Estado es pública, cualquiera sea su formato, y que no se limita a actos o resoluciones formales; el Consejo puede ordenar la entrega de antecedentes referidos al cumplimiento de funciones públicas siempre que no concurran causales legales de secreto o reserva. Asimismo, estimó que la decisión de amparo estaba debidamente fundada, cumpliendo el deber de motivación conforme a la Ley de Transparencia y supletoriamente a la Ley N°19.880, sin que se advirtiera ilegalidad. Por estos fundamentos, la Corte rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la municipalidad.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 20.730
  • Artículo 10 de la Ley N° 20.285
acceso a la información públicaLey de TransparenciaConsejo para la Transparenciareclamo de ilegalidaddeber de motivaciónprincipio de publicidadinformación públicaactos administrativos

Preguntas frecuentes

¿La información sobre reuniones de funcionarios públicos está sujeta a entrega aunque no sea un acto administrativo formal?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la información en poder de los órganos del Estado es pública, cualquiera sea su formato, y que no se limita a actos o resoluciones formales, por lo que puede ordenarse su entrega.

¿Qué debe analizar el Consejo para la Transparencia para ordenar la entrega de antecedentes sobre el cumplimiento de funciones públicas?

En este caso, la Corte señaló que el Consejo puede ordenar la entrega de antecedentes referidos al cumplimiento de funciones públicas siempre que no concurran causales legales de secreto o reserva.

¿Basta que la decisión del Consejo para la Transparencia esté debidamente fundada para que no sea ilegal?

En este caso, la Corte estimó que la decisión de amparo estaba debidamente fundada, cumpliendo el deber de motivación conforme a la Ley de Transparencia y supletoriamente a la Ley N° 19.880, sin que se advirtiera ilegalidad.

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