El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de Tiltil contra los incisos sexto del artículo 22 de la Ley N° 17.322 y decimotercero del artículo 19 del D.L. N° 3.500, que regulan la capitalización mensual del interés penal. La requirente sostuvo que su aplicación en un proceso laboral vulneraba la Constitución por generar consecuencias patrimoniales inconstitucionales. El Tribunal declaró inadmisible la impugnación del inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 17.322 por falta de fundamento y, respecto de los demás preceptos, concluyó que no se configuraban las infracciones alegadas, por lo que rechazó el requerimiento. Algunos planteamientos fueron considerados fuera de la competencia del Tribunal. La Ministra D.M.M. emitió voto disidente, fundado en la falta de habilitación presupuestaria de la Municipalidad y en la necesidad de pronunciarse sobre el fondo del conflicto.
Normas citadas
Art. 22 inciso sexto Ley N° 17.322
Art. 19 inciso decimotercero D.L. N° 3.500
Art. 3 inciso segundo Ley N° 17.322
Art. 84 Nº 6 Ley Nº 17.997
Art. 6 Constitución
Art. 7 Constitución
Art. 63 Constitución
Art. 65 Constitución
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre todos los argumentos de una municipalidad que pide inaplicar normas sobre interés penal?
En este caso, el Tribunal declaró inadmisible la impugnación del inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 17.322 por falta de fundamento y consideró que algunos planteamientos de la requirente quedaban fuera de su competencia.
¿Qué significa que una municipalidad alegue falta de habilitación presupuestaria para pagar intereses penales en un juicio laboral?
En este caso, la Ministra D.M.M. emitió un voto disidente fundado en la falta de habilitación presupuestaria de la Municipalidad y sostuvo la necesidad de pronunciarse sobre el fondo del conflicto, aunque la mayoría del Tribunal rechazó el requerimiento.
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