El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas que permiten la capitalización mensual de intereses penales (anatocismo) en la cobranza judicial de cotizaciones previsionales. El análisis se centró en si ese mecanismo era idóneo, necesario y proporcional, considerando que el crédito previsional ya cuenta con amplia protección sin él, incluida la posibilidad de afectar la libertad individual del deudor. Al producirse empate de votos no se alcanzó la mayoría exigida por la Constitución para declarar la inaplicabilidad, por lo que el requerimiento fue rechazado y se alzó la suspensión del procedimiento.
Normas citadas
artículo 19, inciso 13, de DL 3500 - ESTABLECE NUEVO SISTEMA DE PENSIONES
Tribunal ConstitucionalINAAnatocismoPrincipio de proporcionalidadseguridad socialenriquecimiento injustoPrincipio non bis in ídem
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que el deudor de cotizaciones previsionales pague intereses penales capitalizados mensualmente en la cobranza judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento contra la capitalización mensual de intereses penales en la cobranza de cotizaciones previsionales, pero al producirse empate no se alcanzó la mayoría exigida para declarar la inaplicabilidad. Por ello el requerimiento fue rechazado y se alzó la suspensión del procedimiento.
¿Cómo analiza el Tribunal Constitucional si un mecanismo de cobranza de cotizaciones previsionales es proporcional?
En este caso, el análisis se centró en si el mecanismo era idóneo, necesario y proporcional, considerando que el crédito previsional ya cuenta con amplia protección sin él, incluida la posibilidad de afectar la libertad individual del deudor.
¿Qué ocurre cuando el Tribunal Constitucional empata en un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el empate de votos impidió alcanzar la mayoría que la Constitución exige para declarar la inaplicabilidad, por lo que el requerimiento fue rechazado. Como consecuencia, se alzó la suspensión del procedimiento.
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