Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas que establecen la capitalización mensual de intereses penales en la cobranza de cotizaciones previsionales, contenidas en el artículo 19, inciso 13, del DL 3.500 y en el artículo 22, inciso sexto, de la Ley 17.322. La parte requirente sostuvo que dicho cobro, al elevar desproporcionadamente el monto adeudado, constituía una merma del patrimonio del empleador sin una finalidad social que la justificara, en infracción al derecho de propiedad. Un sector de los ministros estuvo por acoger el requerimiento solo respecto del artículo 22, inciso sexto, de la Ley 17.322, mientras otro sector votó por rechazarlo. Como se produjo empate de votos, no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad, por lo que el tribunal rechazó el requerimiento y alzó la suspensión del procedimiento.