Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el encasillamiento de funcionarios profesionales peritos de la Policía de Investigaciones de Chile en el escalafón regulado por la ley N° 20.785. El órgano concluyó que para ubicar a los funcionarios deben considerarse todos los años de servicios efectivos acreditados en la institución hasta 2014, sin distinguir la calidad jurídica o estamento en que se prestaron. Además, rechazó que el abono de 27 meses reconocido a una exonerada política se contabilizara para ese fin, por cuanto dicho tiempo solo sirve para pensiones no contributivas, trienios, sueldos superiores y asignación de especialidad. Sin embargo, constató que la resolución N° 33, de 2015, de la institución no consideró la totalidad de los servicios de los recurrentes, por lo que los ubicó incorrectamente. En consecuencia, ordenó a la autoridad policial modificar ese acto administrativo y reubicar a los peticionarios según los servicios acreditados.