El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio de Vivien…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago y ordenó la entrega de copia de un certificado de pavimentación. El Consejo consideró que se trataba de información pública conforme al artículo 8° de la Constitución y a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, y que el tercero opositor, una constructora, no acreditó una afectación fehaciente de sus derechos comerciales o económicos. La decisión advierte que el incumplimiento de la entrega en la forma ordenada, una vez firme la resolución, puede acarrear multas y, en caso de persistencia, sanciones adicionales a la jefatura del servicio. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 8.946
Artículo 20 de la Ley N° 20.285
Artículo 3° de la ley N° 19.880
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un certificado de pavimentación emitido por un servicio público es información pública que puede pedirse por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que el certificado de pavimentación es información pública conforme al artículo 8° de la Constitución y a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, y acogió el amparo ordenando su entrega.
¿Una constructora que se opone a la entrega de información pública puede impedirla alegando perjuicio comercial?
En este caso, el Consejo resolvió que el tercero opositor, una constructora, no acreditó una afectación fehaciente de sus derechos comerciales o económicos, por lo que no se justificó negar la entrega de la información.
¿Qué consecuencias tiene que un servicio público no entregue la información en la forma ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió que, una vez firme la resolución, el incumplimiento en la entrega puede acarrear multas y, si persiste, sanciones adicionales a la jefatura del servicio. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos.
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