La Corte Suprema conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia de la Corte de…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió un recurso de amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por un acto administrativo de dicha autoridad que el recurrente impugnó por ilegal. La mayoría de los ministros confirmó la decisión de primera instancia, al estimar que el acto era ilegal. Los ministros disidentes sostuvieron que se trataba de un acto dictado dentro de las atribuciones de la autoridad, para un supuesto legal y debidamente fundamentado, lo que excluía la ilegalidad reclamada y habría justificado revocar el fallo. Prevaleció el criterio de la mayoría, por lo que se confirmó la sentencia apelada.
Normas citadas
Ley 21325 art. 127
Ley 21325 art. 129
Ley 21325 art. 32
Constitución Política de la República de Chile art. 21
Constitución Política de la República de Chile art. 19
Acto administrativoProcedimiento administrativoAcción ilegalExpulsión del paísAutoridad migratoriaIngreso por paso no habilitadoCertificado de matrimonioProhibición de ingreso al país
Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de amparo contra un acto administrativo del Servicio Nacional de Migraciones que el recurrente considera ilegal?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió el amparo, al estimar por mayoría que el acto administrativo impugnado era ilegal.
¿Cuál es la diferencia entre el criterio de la mayoría y el de los ministros disidentes sobre la legalidad de un acto migratorio?
La mayoría consideró ilegal el acto impugnado, mientras que los ministros disidentes sostuvieron que fue dictado dentro de las atribuciones de la autoridad, con un supuesto legal y debidamente fundamentado, lo que excluía la ilegalidad reclamada.
¿Qué resolvió finalmente la Corte Suprema en esta apelación de amparo contra el Servicio Nacional de Migraciones?
La Corte Suprema resolvió confirmar la sentencia apelada, porque prevaleció el criterio de la mayoría de sus ministros que estimó ilegal el acto administrativo.
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