Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución N° 724, de 2014, de la Universidad de Chile, que autorizaba el pago de un servicio, por tratarse de una materia exenta de toma de razón conforme al artículo 9° de la resolución N° 1.600, de 2008, del propio organismo. No obstante, advirtió a la universidad que, previo al pago, debía regularizar la contratación mediante la suscripción del respectivo acuerdo de voluntades y su posterior aprobación por un acto administrativo totalmente tramitado, quedando sujeta esa contratación a control de legalidad en los casos previstos en dicha resolución y a los controles de reemplazo del Título VI de la misma.