La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del reajuste de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del reajuste de remuneraciones establecido en la ley N° 20.486 a los funcionarios de las universidades estatales. El órgano concluyó que dicho reajuste no rige para estos servidores, porque sus remuneraciones son fijadas por cada institución conforme a sus propias normas orgánicas, como lo dispone el D.F.L. N° 3, de 1980, y los estatutos de las universidades respectivas. Por ello, las universidades pueden establecer los reajustes que estimen convenientes para su personal. Al no haberse recibido el informe solicitado a la Universidad Arturo Prat, el pronunciamiento se emitió sin ese antecedente.
Normas citadas
Ley 20486 art/1
dfl 3/80 educa art/1
dfl 149/81 educa art/11 lt/m num/5
dfl 149/81 educa art/18 lt/f num/5
dfl 1/94 educa art/3 num/6
dfl 1/85 educa art/4 lt/p
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Se aplica el reajuste de remuneraciones de la ley 20.486 a los funcionarios de las universidades estatales?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el reajuste de la ley 20.486 no rige para los funcionarios de las universidades estatales, porque sus remuneraciones son fijadas por cada institución conforme a sus propias normas orgánicas y estatutos.
¿Quién fija las remuneraciones del personal de una universidad estatal en Chile?
En este caso, el órgano sostuvo que cada universidad estatal fija las remuneraciones de su personal según sus propias normas orgánicas, como lo dispone el D.F.L. N° 3, de 1980, y sus estatutos, por lo que puede establecer los reajustes que estime convenientes.
¿Qué ocurre si una universidad no entrega el informe solicitado por la Contraloría?
En este caso, al no haberse recibido el informe solicitado a la Universidad Arturo Prat, la Contraloría emitió su pronunciamiento sin ese antecedente.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.