El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una mu…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra una municipalidad, al concluir que la solicitud de la recurrente no constituía un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La petición pedía instruir una auditoría e investigación sobre compras de un establecimiento educacional, lo que el Consejo estimó propio del derecho de petición y no de la Ley de Transparencia. En su parte resolutiva, el Consejo declaró inadmisible el amparo y ordenó notificar la decisión a la recurrente y al alcalde, precisando que la recurrente podrá en el futuro formular una solicitud de acceso a la información en los términos de la ley o interponer un nuevo amparo si se cumplen los presupuestos legales. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud pide instruir una auditoría o investigación?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque estimó que pedir instruir una auditoría e investigación es propio del derecho de petición y no un ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
¿Qué diferencia hay entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que una petición que busca instruir una auditoría o investigación sobre compras de un establecimiento educacional corresponde al derecho de petición y no a la Ley de Transparencia, por lo que no dio curso al amparo.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo precisó que contra su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición administrativo.
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